Algunas de las comunidades de esta región se han levantado para reclamar la tierra y su cosmovisión.
Podría haber sido claro y no haber mentido al trabajador el 30 de abril cuando le dijo que sus condiciones no cambiarían en absoluto. Podría haber reaccionado cuando el trabajador fue, por dos veces (13 y 14 de mayo), a ponerle al corriente del clima insoportable que se vivía en el puesto de trabajo desde la incorporación de su nuevo ‘socio’. Podría haber sido honesto y admitir lo que sólo en la primera reunión y en la conciliación admitió: que no quería otra cosa que el despido. Podría no haber forzado la situación cortando el pago de las nóminas como respuesta a la constitución de la sección sindical. Se podía haber llegado a un acuerdo de forma privada en las cuatro reuniones que tuvo con el sindicato. Pero forzó la situación hasta el extremo en el que no nos dejó otra salida que denunciar públicamente lo que estaba pasando.
Desde entonces, las difamaciones por parte del empresario —el ‘derecho al pataleo’ como él lo llama— y el chantaje económico de los impagos no han cesado. Es una situación que, en mitad de unas negociaciones, no nos parece lógica, y que parece buscar a toda costa una reacción con la que justificarse.
Martes 20 de Agosto
20:00h
Avenida Schulz, 180 Xixón
Tal fue el caso de su Sidrería en el Coto (y muy probablemente de la Taberna Contrueces dentro de un tiempo). Marcos Melendi se caracterizó por tener a sus empleados realizando jornadas interminables en condiciones irregulares y con sueldos miserables que ¡No se pagaban! 
Cambiar el actual estado de las cosas. Esto es lo que pretendemos la CNT y desde otros muchos colectivos y personas. Entendemos que tenemos un interés como clase obrera y oprimidas, que es eliminar la sociedad de clases y la opresión. Sin embargo, nuestros contrarios (políticos, militares, iglesias…) pretenden que todo siga igual.
Durante estas últimas semanas hemos recibido las peticiones fiscales de 2 procesos penales contra compañeros de nuestro sindicato. Las noticias no son buenas, ya que la fiscalía, una vez más, actúa como arma política del capitalismo solicitando durísimas penas de prisión.
El primero de los casos es el del Casino de Poble Nou. En las vísperas de las elecciones municipales de 2015 se produjo un piquete a las puertas del Casino de Poble Nou, donde se estaba celebrando un debate electoral con los que por aquel momento eran los alcaldables a la ciudad de Barcelona. Entre estas personas estaba Xavier Trias, uno de los responsables de la cesión ilegal de trabajadores informáticos de la Generalitat a empresas como IECISA (Informática El Corte Inglés SA). El piquete de la CNT buscaba visibilizar la irresponsabilidad de la Generalitat de Catalunya de incumplir la sentencia favorable a los trabajadores, los cuales estaban siendo apartados de sus puestos de trabajo incluso después de que un juez les diera la razón y dictaminase que debían ser contratados directamente por la propia Generalitat. Durante el transcurso del acto, el piquete fue atacado por un grupo de personas que posteriormente descubrimos que eran Guardias Urbanos vestidos de paisano. Como respuesta, se produjo un corte del suministro eléctrico del debate electoral, por lo que éste estuvo varios minutos sin emisión televisiva. El resultado de todo esto fue la imputación de 2 compañeros acusados de diferentes delitos, agravado de atentado contra la autoridad y delito de alteración de acto electoral.
Una vez cerrado el sumario, la petición fiscal asciende a 2 años y 4 meses para uno de los compañeros, así como el pago de 5.000 € de responsabilidad civil. Al otro compañero le piden 6 meses de prisión. Además la Guardia Urbana se persona como acusación particular, pidiendo 4 años de cárcel y 21.000€ de responsabilidad civil. Finalmente todo apunta a que también se personará el Ayuntamiento de Barcelona, codo a codo con la Guardia Urbana cuando se trata de reprimir trabajadores en lucha.
El otro caso es el del Corte Inglés. A finales de 2015 tiene lugar una campaña de boicot a esta empresa para denunciar su participación en procesos penales contra huelguistas del 29M, así como para visibilizar la política de miedo y represión frente a sus propias trabajadoras, los múltiples casos de machismo empresarial y las conexiones entre la empresa y altos cargos políticos, policiales, judiciales y eclesiásticos. Esta campaña tuvo como consecuencia la detención de 3 compañeros y su posterior imputación por delitos de coacción y obstrucción a la justicia. La petición fiscal contra estos compañeros asciende a 5 años de prisión y 6.500€ de multa a cada uno.
Ambos casos no son más que ejemplos de lo que tristemente se viene consolidando desde hace varios años: un endurecimiento brutal de la persecución contra sindicalistas y trabajadoras en lucha. No se trata de casos aislados. A raíz de la sucesión de huelgas generales que comenzaron en 2011, se cuentan por centenares los trabajadores represaliados en piquetes y conflictos sindicales. Algunos medios hablaban de la mayor ofensiva contra el sindicalismo desde tiempos de la dictadura. Prácticamente todos los conflictos laborales en los que se realizan acciones más allá de las estrictamente jurídicas acaban con imputaciones penales y algunos de ellos ya con condenas firmes: huelgas generales, huelga minera, conflicto de Coca Cola, trabajadores y estudiantes de la UAB, tabajadores de Arcelor, mineros de Zarreu, montaje del 14N en Logroño, sindicalistas de AirBus, jornaleros andaluces… La lista es interminable.
Bajo nuestro punto de vista este endurecimiento de la represión no es casual. Se trata de una maniobra política para acabar con lo poco que queda. Desde hace tiempo ya venimos escuchando voces que desde los despachos de las empresas claman por una regulación estricta de las luchas laborales, a través, principalmente, de limitar el derecho a huelga, pero también limitando e incluso imposibilitando las luchas colectivas en los centros de trabajo, los piquetes y la acción directa. Y esta situación que se vive en el contexto laboral tiene una versión equivalente en el ámbito sociopolítico: para el Estado, a través de policías, fiscales y jueces, el sindicalismo es coacción y los movimientos políticos y sociales son terrorismo.
No vamos a caer en la trampa de declararnos inocentes a cualquier precio. Reconocemos el conflicto y renegamos de una idea de sindicalismo canalizada hacia la única opción de los juzgados. La lucha obrera nunca se ha limitado a poner denuncias y no podemos permitir que se convierta en eso, más aún si cabe en un momento como el actual, en el que cada vez tenemos menos garantías: leyes más estrictas, menos derechos y sentencias más desfavorables. Hace unos meses nos golpeaba la noticia de que un juzgado había avalado la contratación de empresa externas para la cobertura de los servicios que se dejan de prestar en una huelga. Con ejemplos así ¿podemos permitirnos cambiar la lucha en las calles y en los curros por los juzgados?
Lo hemos dicho mil veces, frente a la represión sólo vale seguir luchando. Nos negamos a callarnos frente a los despidos y sanciones. Nos negamos a mirar hacia otro lado frente a la precariedad, los contratos temporales y los sueldos miserables. Nos negamos a consentir el acoso laboral o las discriminaciones de género, raza u orientación sexual. Mucho más que la cárcel, nos asusta la condena a una vida de sumisión y miseria.
Por todo ello con este comunicado os pedimos que os solidaricéis con los trabajadores represaliados, que difundáis el caso para que más gente sea consciente de que esto es un ataque contra todas y todos, que apoyéis las movilizaciones que se convoquen… Pero sobre todo, que os organicéis, que alimentéis el movimiento obrero en los curros, en los barrios y en los pueblos. Ellos tienen cárceles, policías, fiscales, políticos, jueces… Pero nosotros somos muchos más, y siempre seremos muchos más.
Libertad anarcosindicalistas represaliados.
#solidaridadincuestionable
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